En el caso de ejecución y consultoría de obras públicas, hasta el consentimiento de la liquidación final. R. Sala Carbó (trad.). Se mantiene generalmente durante todo el proceso, salvo en que se acuda a la vía contenciosa. Para definir a la política criminal es preciso delimitar su contenido y significado; sus contribuciones vienen marcadas en diferentes planos, el legislativo, el policial, el judicial, y el ejecutivo; sin embargo estas esferas todas forman parte del control social formal y presentan una relación directa con el Derecho penal; y debe pensarse y reflexionarse la política criminal desde otras perspectivas influenciando además en la esfera económica, política y social; políticas sociales que también influyen en la lucha contra el fenómeno delictivo. Constituye una importante decisión político criminal que tuvo en consideración la diversidad de conductas que estando tipificadas en la ley penal contenían sanciones que en ocasiones obligaban al operador del sistema, principalmente fiscales y jueces a solicitar e imponer penas que atendiendo a las condiciones personales del autor y las características y consecuencias del delito, en ocasiones dejaban de ser proporcionales. Estas son las obligaciones del juez al imponer una sanción penal. Es más, lo que se debe afirmar es que el poder penal sin Política Criminal no ha tenido existencia histórica, es una pura abstracción o una forma de análisis útil para enfrentarse a los dilemas de un caso pero totalmente artificial e inútil para el análisis Político-criminal (, Actualmente no existe consenso en su denominación, fundamentalmente por el uso de la terminología “criminal”, expresión que representa lo contrario que se persigue con los presupuestos de esa política del Estado. La necesidad de incorporar el principio de oportunidad. Resumo: Um tema que, hoje, torna-se importante para mudanças diferentes experientes nas estruturas do direito penal nuclear, é a reação ao fenómeno criminal e a forma como esta está estruturada e organizada pelos Estados. Buenos Aires: Hammurabi. 7. 2. Zaffaroni, E. R. (1983). 6 de 25 de junio. Puesto que el hombre no es autárquico, sino que depende en su existencia de otros, el cuidado de ésta debe concernir a todos, sin lo cual la convivencia sería imposible” (Arendt, 1997, 67). La política general o social se concibe como la ciencia encargada de establecer las funciones y alcances de un Estado, en el ejercicio de su gobierno respecto de la aplicación de los programas y medios adecuados en la consecución de un fin determinado, dirigido a promover el bien público en cada una de las diversas áreas en las que se manifiestan. Decreto-Ley 175 (1997). Londres: Hutchison. El diseño e implementación de una política criminal acorde con las condiciones políticas, económicas, sociales, históricas, culturales del Estado donde se desarrolle, constituyen premisas necesarias de análisis al abordar esta temática. Las normas penales no se crean para ser modificadas constantemente, sino que son pensadas y configuradas con una idea de durabilidad, de ahí su difícil confección, pero al ser la dinámica social más rica que lo establecido en ley, el juez debe obedecer también a la Política penal que se siga en cuanto a su función, ya que esta es el cordón umbilical entre el saber empírico y el normativo. Dentro de estas reformas la más actual es la realizada en el año 2013 con el Decreto-Ley No. De las tres ramas fundamentales se pueden derivar las siguientes políticas: sanitaria, económica, educativa, laboral, criminal, las cuales se refieren a aspectos más específicos y con una finalidad propia. Cuba. Por ello se coincide con Zaffaroni en que la “ley penal es formalización de una decisión política previa” (, La relevancia sancionadora de la reparación y el acuerdo entre el autor y la víctima es un ejemplo modélico de la política criminal que defiendo y el motivo por el que hace ya quince años que me he comprometido con ella. Revista electrónica Derecho Penal Online. López Rey Arrojo, M. (1985). Al decir de Zaffaroni “La política penal no sería más que el aspecto más importante de la política criminal” (Zaffaroni, 1983, 150). Palavras-chave: política criminal, controle social, criminologia, direito Penal, sistema de justiça criminal. La Política Criminal por su parte va a constituir un aspecto de la política general del Estado, destinado a un conjunto de estrategias que de manera planificada y teniendo como base la expresión fáctica de la criminalidad en todas sus manifestaciones posibles, así como las limitaciones propias del deber ser, expuestas en el marco normativo nacional e internacional de que se trate; se encuadrará en la totalidad del sistema de control social de un Estado dado para el enfrentamiento al fenómeno criminal; manifestándose en ambas de sus aristas, tanto del control social formal como el informal, a partir del diseño de estrategias socializadoras, preventivas y coactivas, interceptándose de esta manera no solo con los agentes del sistema de justicia penal sino con otras áreas de la política estatal, particularmente del sector social, dígase la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, teniendo incidencia tanto en la prevención primaria de la criminalidad como en el enfrentamiento proactivo a determinadas conductas con alto grado de peligrosidad social que son constitutivas de delito. Gaceta Oficial Extraordinaria No. • Descuentos de 30%.50% en productos de Actualícese, hasta el 31 de diciembre del 2022. . México: Porrúa. Parte General. Ley 5 (1997). Este artículo refiere la necesidad de que el sistema juvenil proteja el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el establecimiento de una edad mínima para ser responsable ante la ley, entre otros aspectos (UNICEF, 1989). La creación de las leyes penales es eminentemente un acto político y al elaborarse las normas y determinarse la penalización o despenalización de conductas, para que sean eficaces y se adapten al contexto, tienen que basarse en un estudio pormenorizado de la realidad de su tiempo, de manera que ese aparato decisional cree un instrumento lo suficientemente coherente que refleje un Derecho penal justo y atinado. Gaceta Oficial Extraordinaria No. Se trata del empleo de penas que evitarían la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios pero que al mismo tiempo no generen sensación de impunidad de acuerdo con la naturaleza de los delitos. mcarla@lex.uh.cu. Etapa de conocimiento y etapa de la Ejecución de la sanción. Dizionario di Política.Milán: Tea. . Resulta en ocasiones confusa la distinción entre la política social de un Estado, la política criminal y la penal, lo que no quiere decir que no guarden una estrecha relación. • [Nuevo] Certificados de Actualización en el Blockchain de Actualícese (disponibles en 2022). La industria textiles el sector de la industriadedicado a la producciónde fibras—fibra naturaly sintética—, hilados, telasy productos relacionados con la confecciónde ropa. Efectúa una revisión crítica del derecho penal juvenil chileno en lo concerniente a la ejecución y el plan Cuba. 87 del año 1999, la cual amplió el límite máximo de la cuota de multa, por tanto su aplicación se extendía hasta cincuenta pesos; y también tiene una incidencia en el aumento de los límites de algunos delitos que se encontraban regulados e incorpora nuevas figuras delictivas. La política criminal en el marco de las políticas públicas. Un análisis de los campos de acción hacia los que se perfila la política criminal, que transita desde la propia concepción de la norma sustantiva y procesal hasta la manera en que se ejecuta dicha disposición, con una mirada a la experiencia cubana será el punto de mira fundamental de la presente investigación. The design and implementation of a criminal policy in line with the political, economic, social, historical and cultural conditions of the State where such policy is developed are necessary premises of the analysis to address this issue. suspensión de la ejecución de la sanción en vía de recurso administrativo. Esta fue una decisión político criminal que se desarrolló hasta alcanzar su verdadera concreción formal en la ley penal sustantiva, la cual “se erigió ante la adopción de decisiones judiciales que si bien se encontraban dentro de los marcos legales que establecía la norma, no se correspondían con principios tales como el de proporcionalidad y racionalidad que deben caracterizar la administración de justicia” (Medina, 2010, 25); pues se enfrentaba la realidad de hechos que reuniendo todos los elementos de tipicidad de la figuras agravadas, por las características personales de los autores y las circunstancias en que se cometían, no merecían las penas establecidas al ser en extremo severas. La intervención judicial en la ejecución de las sanciones se funda en el derecho a la tutela judicial efectiva, pues el órgano judicial tiene la competencia para imponer la pena y para ejecutar lo juzgado; sin embargo esa segunda misión se convierte en una función secundaria, siendo la principal, la de juzgar, es por ello que se han establecido alternativas que complementen la tarea del juez de sentencia, erigiéndose la figura del juez de ejecución, este se encuentra dotado de una especialización en derecho penitenciario de la que carece el ordinario y está específicamente diseñado para ejecutar la pena privativa de libertad así como controlar y supervisar su correcta aplicación, preservando los derechos y las garantías de los internos y el estricto cumplimiento del principio de legalidad ejecutiva. La política de seguridad integral es de gran importancia ya que es el pilar de la política de desarrollo social y la política económica. × Close Log In. 21 de 30 de diciembre de 1978 introdujo la Limitación de Libertad como subsidiaria de la privación de libertad, la cual se mantiene regulada en el artículo 34 de la Ley No. Ley 87 (1999). Personal total dedicado a I+D en la C.A. En la actualidad el sistema jurídico-penal cubano se encuentra en proceso de reestructuración; en todas las instancias del control social: se trabaja en una Ley de Policía; en modificaciones de la ley sustantiva y adjetiva y finalmente en la creación de la Ley de Ejecución de sanciones penales que estén a tono con las nuevas exigencias que plantea la dinámica social y en base a ello debe trabajar la Política Criminal. La política social y los servicios sociales constituyen un campo íntimamente ligado al área de la política criminal, la cual se desprende de las políticas de seguridad en su sentido más estricto, no sólo desde un prisma axiológico, sino desde una perspectiva eminentemente práctica; constituyen éstos la materialización de la política social, y es en este sentido, que sus relaciones convergen por un lado, en criterios de deseabilidad acerca de cómo conseguir una sociedad más justa para todos; y en cómo la política social es un instrumento válido para evitar el surgimiento y desarrollo de la actividad delictiva, la marginación, la discriminación, la desorganización social, y la anomia, entre otros factores criminógenos. 62 Código Penal vigente del 30 de abril de 1988, el cual agregó como sanciones subsidiarias las de Trabajo Correccional con y sin Internamiento. Existen autores que consideran que la política criminal para ser entendida en su esencia, no debe ser particionada o subclasificada en política penal, administrativa, policial, sino que para evitar la desnaturalización de la Política Criminal debe ser entendida en cuanto a la expresión fáctica de la criminalidad en todas sus manifestaciones posibles. Política Criminal de la nueva justicia penal. Política Criminal y Sistema del Derecho Penal. Una política criminal de nuevo tipo donde la función judicial demanda de la preparación y cooperación de otros sectores de la comunidad, que permite imbricar conocimientos que vayan más allá de la formación jurídico formal y así dotar a la respuesta penal, de alternativas que restablecen la “paz jurídica” (Roxin, 1992, 36) el resarcimiento a la víctima y la conciliación entre esta y el autor, al menos en los delitos menores. Recuperado de http://www.derechopenalonline.com, Binder, M. A. Al decir de Cobo Tellez: “La ejecución de penas bajo un esquema garantista, supone al sentenciado como un sujeto de derechos, sin olvidar las obligaciones del mismo, pero colocando a los derechos humanos en el centro del procedimiento penal” (, http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/31745/1/politicacriminal_reformapenal.pdf, http://web.derecho.uchile.cl/cej/rej12/BINDER%20_8_.pdf, http://www.inacipe.gob.mx/stories/investigacion/descargas/CAP%C3%8DT ULO%2016%20Derecho%20de%20ejecuci%C3%B3n%20de%20la%20pe na.pdf, http://vlex.com/vid/nueva-lectura-delitos-prueba-584770170, http://www.revistaderechopublico.uchile.cl/index.php/RDPU/article/.../37317, http://www.carlosparma.com.ar/politica-criminal-del-legislador/. Gaceta Oficial Extraordinaria No. Lozano Tovar, E. (1998). Para el caso de contratos que tengan una vigencia superior a un (01) año, las Entidades pueden aceptar que el ganador de la Buena Pro presente, antes de la suscripción del contrato, la Esta Ley debe establecer entre otros aspectos, los principios, definición, organización y funciones de carácter público que cumple la policía, dirigidas a la prevención y conservación del orden interno, para contribuir al despliegue de una Política penal más democrática abocada al sostenimiento de la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos y garantías fundamentales. Constituye pues el objetivo fundamental del presente trabajo desentrañar las premisas tenidas en cuenta en la implementación de la política criminal en los diversos contextos que conforman un sistema de justicia penal con especial referencia a la realidad cubana. En ese orden se coincide con Binder en que: Sin duda la sociedad mercantilista, luego la industrial y ahora la sociedad organizada de masas ha dado improntas específicas a los modelos de Política Criminal, pero ella siempre ha existido como una forma de organización del poder penal. A pesar de que el juez de ejecución en el ámbito penitenciario cubano no tenga como parte de sus funciones el control de la ejecución de las penas privativas de libertad con internamiento, se destaca en nuestro modelo la presencia de la Fiscalía como ente controlador de esta etapa ejecutiva. La mejor política criminal sería una política social con fines preventivos directos. Política criminal y Estructura del delito.Barcelona: PPU. No se puede obviar la interrelación que existe entre el componente policial investigativo y el resto de los componentes del sistema de justicia penal, como mecanismo formalizado del control social, este tiene la función de hacer valer lo que está establecido mediante su actuar. Art. 4.6.2. La Política Criminal debe accionar teniendo en cuenta los diversos momentos que conforman el fenómeno criminal, de ahí que deba atender el “antes”, el “durante” y el “después” de la producción de la actividad delictiva, pues solo de esta manera puede tener un carácter totalizador e integral. Page 43. También nuestra ley penal sustantiva prevé la sanción de multa y la de amonestación como subsidiaria de la multa que no exceda de cien cuotas. Una política criminal dirigida al “durante” es aquella que se desarrolla al ponerse en marcha el aparato de justicia penal una vez cometido el hecho delictivo, es decir, que abarcará todo lo concerniente a las diligencias procesales que se llevarán a cabo de cara a la investigación del hecho criminal, qué métodos de investigación emplear, los momentos y condiciones de la detención, el acceso a la defensa técnica, la aplicación de criterios de oportunidad, las propias vías alternativas de solución de conflictos y lógicamente las prácticas y diligencias concretas de la agencia judicial. Universidad de la Laguna: Carlos María Romeo Casabona. The concept we have of criminal policy, in a broad or narrow sense, allows us to understand its nature and its encompassing and comprehensive contents. Log in with Facebook Log in with Google. Roxin, C. (2002). Revista ADPCP, 56. La actriz fue quien confirmó la noticia a través de un video publicado en su Instagram, en julio del año pasado. En La implementación de penas alternativas: experiencias comparadas de Cuba y Brasil. El endurecimiento de los preceptos de otras disciplinas como el Derecho administrativo sancionador, el Derecho penal económico y la materia medioambiental entre otros, son incorporados a los códigos penales, ampliando y endureciendo su alcance. Parte de la mirada crítica de la Política penal en un Estado debe ir dirigida a este punto en particular, donde se garantice la existencia de mecanismos de supervisión y control de la ejecución penal, procurando que se encuentren en armonía y en una relación de comunicación con el resto de los componentes del sistema, el sector penitenciario no puede ser visto de manera aislada, sino que para su adecuado funcionamiento debe contar con la base legislativa apropiada para dotar de legalidad su actuar. Uma análise dos domínios de acção ao qual a política criminal, que vai desde o conceito de norma substantiva e processual à forma como esta disposição é executado, com um olhar para a experiência cubana está se preparando para ser o centro das atenções crucial para esta investigação. La etapa de ejecución de sanciones 3.1. ARTICULO 176. También comprenderá la propia actividad desarrollada por los órganos policiales y judiciales, en el desempeño de su labor, teniendo como colofón la política a seguir a la hora de hacer efectiva esa sanción, en cuanto a la forma o manera de su cumplimiento y el tratamiento que en el orden penitenciario y post penitenciario recibirá ese individuo sujeto a un proceso penal en su sentido más amplio. El carácter expansionista del Derecho Penal. Personal total dedicado a I+D en la C.A. Elegir variable. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Licenciada. El pasado 18 de mayo de 2022, el Tribunal General de la Unión Europea ("TGUE") desestimó el recurso presentado por Canon Inc. ("Canon") en el asunto T-609/19 (Canon v Comisión). La política criminal es preciso analizarla teniendo en cuenta sus diferentes aristas, de la misma manera que se ocupa de las distintas versiones del fenómeno criminal, debe entonces procurar atender los diversos momentos que lo conforman, los que se analizarán desde un punto de vista teórico y metodológico. Gaceta Oficial. La policía no siempre constituye el principal actor en la investigación penal, esta labor puede desplegarse por otros órganos. (1979). Comprende las actividades de prevención referidas a la seguridad de las personas y la propiedad pública y privada y las de investigación cuando se producen delitos, para comprobar los hechos y los responsables. Por su parte la Política Penalva a ser ese sector de la política criminal que estará dirigido al ámbito del sistema de justicia penal específicamente a partir de los diversos agentes del control social formal que lo desarrollan. La valoración político criminal en torno a la necesidad de la pena está condicionada por las influencias que en el ámbito social, político, cultural, económico, imperen para un momento y lugar determinados; la política penitenciaria debe estar subordinada al principio de necesidad porque se deben ejecutar solo aquellas penas que cumplan estrictamente con los fines de prevención. En el ámbito del procedimiento sancionador en materia de servicios sociales, sería la resolución del procedimiento sancionador si no se . La Política Criminal y sus campos de actuación. Cuba. 5 Derecho de Defensa. La misma estuvo influenciada por la legislación del campo socialista europeo en cuanto al procedimiento criminal de la URSS específicamente, estando permeada por la propia ley española cuyas bases estaban presentes en la nueva ley. Competencia y Derecho de la UE. Ávila, K. (2011). Este navegador no permite una visualización correcta de algunos elementos. 7 de 1ro de agosto. 140 del año 1993 que despenalizó la posesión de moneda extranjera fundamentalmente el dólar americano; el Decreto-Ley No. La trascendental potestad que se le confiere al juez a la hora de individualizar la sanción y el control de la ejecución, convierte a este en una instancia político-criminal por excelencia, el cual tiene que actuar dentro del marco de la legalidad, conforme a las reglas de la argumentación jurídica, sometida a las reglas de la tutela judicial efectiva, y no se puede permitir una interpretación extensiva de la ley porque irrumpiría en detrimento de la seguridad ciudadana. Consecuentemente, la sanción interpuesta por la Alcaldía del Ayuntamiento de Liria de fecha 28 de enero de 1997, no era ejecutable en tanto no se resolviera el recurso de reposición interpuesto contra la misma y, por ende, improcedente la vía de apremio, toda vez que la resolución sancionadora originaria era insusceptible de ejecución . Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen "ejecución de la sanción" - Diccionario inglés-español y buscador de traducciones en . La concepción que se tenga de la política criminal ya sea en un sentido amplio o estricto permite comprender su naturaleza y contenido totalizador e integral. El surgimiento de nuevos sectores o ámbitos de actividad que han venido a calificar como conductas configurativas de delitos no tradicionales, especialmente aquellos relacionados con las esferas atómica, informática, biológica, ponen al Derecho penal en una encrucijada. SONIA VELASCO CASTILLO FUNDAMENTO DE LA SANCIN PENAL 1 INTRODUCCIN La sancin penal hasta el momento apreciada a la luz general del Derecho Penal, como parte fundamental de la norma jurdico penal, es entendida como un mal indispensable para mantener la convivencia entre los individuos. Es a través de estas disposiciones que se pauta la Política penal a desarrollar por los jueces a la hora de impartir justicia, de manera que sea atinada, salvando los peligros que la interpretación puede acarrear en un sistema donde se persigue que se aplique justicia de una manera equitativa y coherente en todas las instancias del sector judicial. Revista de Estudios de la Justicia, 12. Las etapas de mayor recrudecimiento en los marcos sancionadores de la legislación penal inciden directamente en el sistema de ejecución de sanciones, pues el aumento de las penas implica un incremento en la población penal y mayores períodos de estancia en el centro penitenciario. Ley de procedimiento penal cubano. Key words: criminal policy, social control, criminology, criminal law, criminal justice system. (2006). Sociedad Cubana de Ciencias Penales. Ellos tienen la función de juez natural, mientras que la justicia de amparo es un medio La Constitución de nuestro país sufre un cambio radical, y el Roxin, C. (2000). Estudio de la participación comunitaria o ciudadana como modalidad de una política criminal preventiva. The Cuban experience, A Política Criminal e seus campos de ação. • Herramientas Interactivas y La Habana, Cuba: Edición Felix Varela. II. responsabilidad frente a las entidades del sector público, por sus actos u omisiones, responsabilidades que se determinan en la Carta Política del Estado . INTRODUCCIÓN. Certero mensaje de Shakira sobrevoló en Miami. (2010). Um tema que, hoje, torna-se importante para mudanças diferentes experientes nas estruturas do direito penal nuclear, é a reação ao fenómeno criminal e a forma como esta está estruturada e organizada pelos Estados. The concept we have of criminal policy, in a broad or narrow sense, allows us to understand its nature and its encompassing and comprehensive contents. Existe una parte de la doctrina que se opone a la utilización de estas medidas que pueden ser tomadas fuera del campo penal, partiendo de que, la respuesta al fenómeno delictivo no estaría dentro del marco del control social formal; por tanto, integrarían estas estrategias parte de la política social; asumiendo un concepto restrictivo de política criminal; al respecto plantea Borjas Jiménez: Si atendemos a un concepto más amplio de la política criminal, como forma de la política general que se dedica al estudio del fenómeno criminal contemplado desde la problemática social que preocupa al poder público, entonces el contenido de la disciplina adquiere, de igual forma, una mayor extensión. La carrera de César Franco no solo se alimenta de la nostalgia o del profesionalismo, pues según su modo de ver su profesión, la felicidad y la esperanza que le transmite a la gente fue lo que . En nuestro Derecho, el arbitrismo del legislador es manifiesto, pues mientras la mayoría de las leyes que regulan la potestad sancionadora nada dicen sobre la ejecutoriedad inmediata de las sanciones, otras imponen la suspensión, y no han faltado tampoco supuestos de prohibición de cualquier medida suspensiva. Borjas Jiménez, E. (2003a). 239 de 8 de octubre de 1999 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. Asunto : a) Sobre la ejecución de sanciones disciplinarias b) Sobre la sanción disciplinaria que constituye impedimento para la vinculación con una entidad pública Referencia : Oficio N° 126-2020-ORH/ONP . A lo largo de la historia, desde que se concibe la organización del Estado y el consecuente desarrollo del Derecho penal, ha sido la reacción frente al fenómeno criminal y la estrategia a adoptar frente a la delincuencia, el punto esencial del debate y la polémica de los estudiosos de esta área del conocimiento. notificación de la sanción, se procede al archivo en el legajo personal y su inscripción en el RNSCC. Por el contrario, la ejecución, tanto en lo que se refiere al sí, como en lo relativo al cómo, debe ser objeto de una cuidadosa reflexión político-criminal presidida exclusivamente por consideraciones de necesidad (…) (, La valoración político criminal en torno a la necesidad de la pena está condicionada por las influencias que en el ámbito social, político, cultural, económico, imperen para un momento y lugar determinados; la política penitenciaria debe estar subordinada al principio de necesidad porque se deben ejecutar solo aquellas penas que cumplan estrictamente con los fines de prevención. Cuba. Tesis para obtener el grado de Magíster en Derecho de Infancia, Adolescencia y Familia, Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 90° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en el caso de la sanción de suspensión y de la sanción de destitución, el jefe de recursos humanos y el titular de la entidad, respectivamente, pueden modificar la sanción propuesta y variar la sanción por una de menor gravosidad. Elaborar un concepto de política criminal implica tener en cuenta las diferentes relaciones que presenta ésta desde los estudios de Fran Von Lizst con otras ramas, disciplinas y ciencias, fundamentalmente con el Derecho penal y la Criminología, en cierta medida esto se ha debido a la diversidad de posturas en cuanto a esencia y contenido (Von Liszt, 1926, 3). Hoy, un billete de 5.000 pesos colombianos representa más o menos el valor de un dólar estadounidense y, con 5.000 pesos se compra . las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, tramitándose de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la citada norma. (…) la adecuación de las normas jurídicas ideales a una realidad viva, con miras a una lucha eficiente contra el delito, constituye el papel de la política criminal (Apud Piedrabuena, 2014, 1). Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE Artículo 81 de la Ley 142 de 1994. d. El responsable de la construcción, ampliación o remodelación de una instalación eléctrica que emite la declaración de la conformidad con RETIE, sin cumplir los requisitos que le apliquen; exponiendo a un peligro inminente la salud . No se bota la basura en la calle. Real Academia Española (1992). Por el carácter de velador de la legalidad que le imprime el texto constitucional a la Fiscalía General de la República, esta posee un departamento encargado del control de la legalidad en los establecimientos penitenciarios. Por ello se coincide con Zaffaroni en que la “ley penal es formalización de una decisión política previa” (Zaffaroni, 2000, 153), pues la política criminal es lo que está inmediatamente antepuesto a la ley penal, tanto lógica como cronológicamente. Elegir tabla. Con este ajuste que empezó a regir el 1 de enero de 2023, el precio de la gasolina superó el umbral de $10.000, llegando a un promedio de $10.167 en las 13 principales ciudades. Como modificaciones principales podemos referir la supresión de la figura del Juez de Instrucción, la reducción de términos y plazos con la incorporación de un procedimiento sumarísimo, la introducción del auto de aseguramiento a partir del cual el acusado era considerado parte, se destina un libro independiente a la acción. Lima, Perú . Barcelona: Paidós. Su incidencia en la determinación de la pena y su consagración en las Constituciones Nacionales y en los Instrumentos Jurídicos adoptados por la comunidad Internacional. Conforme a la normativa básica estatal, la regla general es que la sanción es ejecutiva cuando alcanza firmeza en vía administrativa, esto es, cuando ya no es susceptible de recurso administrativo alguno: ni de alzada ni de reposición. Roxin, C. (1992). Existe en la doctrina quienes aluden a una política criminal en sentido estricto, restringiendo su ámbito de actuación y otros que la entienden en sentido amplio, elementos que hemos de tener en cuenta a la hora de conceptualizar. Ciudad de La Habana: ILANUD. Decreto-Ley 151 (1994). Por ello se debe atender desde la propia configuración normativa de la sanción, al alcance que la misma tiene para el adecuado funcionamiento del sistema, de manera que sus fines y consecuencias no se vean comprometidos al momento de su ejecución. 87 de 22 de julio del propio año, la posibilidad de revisar las resoluciones judiciales, que constituyó un paso de avance importante para la reparación de los errores de este tipo y en 1994 con el Decreto-Ley No. 5 del 13 de agosto de 1977, fue emitida en su momento con el propósito principal de poner en correspondencia las normas procesales con la nueva organización de los tribunales y definir el juzgamiento de los funcionarios de los cargos creados por el proceso de institucionalización emprendido, además de modificar aspectos concernientes al aseguramiento de los acusados y la competencia de los tribunales militares. Marco jurídico vigente de la etapa de ejecución de sanciones Con la reforma de junio de 2008,66 a los sentenciados se les amplia-ron los derechos que ya se encontraban establecidos en varios textos legales. En esta última parte del desarrollo de este estudio, que ha tratado acerca de la inseguridad jurídica en la aplicación de la sanción administrativa resuelta por parte de la administración publica en la terminación unilateral del contrato por el incumplimiento del contratista y en la que hemos hecho además relación a la sanción impuesta al adjudicatario fallido, considero importante . la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito, estará a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán investidas de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho … Madrid: Tecnos. La información proviene de dos fuentes principales: - La Plataforma de Contratación del Sector Público. La Policía preventiva está compuesta por agentes encargados de la vigilancia en la vía pública, es decir, las calles, los parques, los establecimientos comerciales, el transporte público, entre otros, por lo que representan la autoridad pública más próxima a la población. Ley de Procedimiento Penal cubano. Resumen: Una temática que hoy día cobra importancia por los disímiles cambios que se experimentan en las estructuras del Derecho penal nuclear, es la reacción ante el fenómeno criminal y la manera en que esta se estructura y organiza por parte de los Estados. Cuba. or. 1251 de 1973 la cual derogó la Ley de Enjuiciamiento Criminal española que dominó la isla por más de ocho décadas. Sobre el sistema de sanciones del Código Penal español.Recuperado de http://www.carlosparma.com.ar/politica-criminal-del-legislador/. Profesora Titular del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Cuba. La persona responsable designada por el órgano de contratación para la supervisión de la ejecución del contrato y garantía de la correcta realización de la prestación pactada realizará el seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución asumidas por el/la contratista. (, La manifestación de la entidad político-criminal de la efectiva ejecución de las sanciones pretende poner de relieve que nos hallamos ante una cuestión que, frente a lo que pudiera parecer, dista sustancialmente de ser mecánica (…). Y en el fondo estamos contemplando la política criminal desde el marco de lo político: más el aspecto político que el aspecto criminal. Soluciones como ésta abren el camino a una política criminal humana de futuro (Roxin, 2000, 36). Torres Aguirre, A. Por su parte la Política Penalva a ser ese sector de la política criminal que estará dirigido al ámbito del sistema de justicia penal específicamente a partir de los diversos agentes del control social formal que lo desarrollan. Existen autores que consideran que la política criminal para ser entendida en su esencia, no debe ser particionada o subclasificada en política penal, administrativa, policial, sino que para evitar la desnaturalización de la Política Criminal debe ser entendida en cuanto a la expresión fáctica de la criminalidad en todas sus manifestaciones posibles. Quizás pueda resultar de antemano menos pragmático basar cada proceso en la ciencia, y gracias que existe un buen grado de expertise, pero habrían de ser tomadas posiciones más serias. Tabla. La Política criminal no debe entenderse como un concepto único e invariable, la misma se adapta a las características políticas, sociales, económicas, culturales del Estado que la implementa. El 8 de junio de 2007, entra en vigencia la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Es trascendental el control al que ineludiblemente tiene que estar sujeto el sector penitenciario, pues se trata de una actividad en la que por su naturaleza se afecta un derecho tan fundamental como lo es la libertad; una posible violación de derechos y garantías al sujeto recluso resulta aún más grave y requiere de una especial atención y control. En Dogmática Penal, Política Criminal y Criminología en evolución. Ley Especial 88 (1999). 1. Gaceta Oficial Extraordinaria No. De ahí que se argumente que la función judicial de nuestro tiempo y del futuro es de índole sociopolítica (López Rey, 1985, 202). En los países en vías de desarrollo, la policía conforma una parte considerable del sistema penal, de manera que no existe un equilibrio con respecto a los otros componentes del sistema. Ley 1251 (1973). Cuba. La garantía ordinaria en la ejecución de las sanciones y medidas penales se atribuye a los jueces de ejecución de la pena previstos, implícitamente en la reforma constitucional de 2008. Conferencia pronunciada el mes de octubre en el marco del Primer Congreso Internacional sobre Derecho Penal, Control Social y Política criminal, organizado por la Conferencia Episcopal de Acción Social. Gaceta Oficial No. Esta panorámica en el ámbito cubano no se encuentra alejada, de los presupuestos básicos que en materia de ejecución de sanciones plantean las principales normativas internacionales. Al analizar a la policía como parte de los componentes del sistema de justicia penal al que también se aboca la política criminal, se debe partir de cómo entender esta, ya que la misma puede ofrecer diversos significados en dependencia del enfoque que persiga. Puesto que el hombre no es autárquico, sino que depende en su existencia de otros, el cuidado de ésta debe concernir a todos, sin lo cual la convivencia sería imposible” (, (…) a la esfera de la política pertenecen actos tales como mandar (o prohibir) algunas cosas con efecto vinculante para todos los miembros de un determinado grupo social; ejercitar un dominio exclusivo sobre un determinado territorio; legislar con normas válidas erga omnes; extraer y distribuir recursos de un sector a otro de la sociedad (...) (, Para Borjas Jiménez la política “Hace referencia a la forma de gobierno del Estado y que está relacionada con la gestión, desde una determinada esfera de poder, de los asuntos públicos, se presenta a través de muy diversas manifestaciones atendiendo a la parcela de actividad objeto de su administración” (, Sin duda la sociedad mercantilista, luego la industrial y ahora la sociedad organizada de masas ha dado improntas específicas a los modelos de Política Criminal, pero ella siempre ha existido como una forma de organización del poder penal. (1999). El Código Penal, Ley No. Bolaños González, M. (2005). Actualmente no existe consenso en su denominación, fundamentalmente por el uso de la terminología “criminal”, expresión que representa lo contrario que se persigue con los presupuestos de esa política del Estado. La tendencia político criminal predominante es aquella que se impulsa a un aumento desmesurado de las políticas penitenciarias en donde la pena privativa de libertad está presente casi sin distinción en relación a la gravedad de los delitos, obstaculizando en gran medida la reinserción social del sujeto que delinque, pues es sabido que la cárcel constituye un factor criminógeno por excelencia(, Se trata del empleo de penas que evitarían la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios pero que al mismo tiempo no generen sensación de impunidad de acuerdo con la naturaleza de los delitos. I . La Suprema Corte de Justicia estableció una serie de reglamentaciones que deberán preceder a las sanciones de los niños, niñas y adolescentes en conflictos con la ley, entre ellas la creación del Tribunal de Control de la Ejecución de las Sanciones. Al decir de Zaffaroni “La política penal no sería más que el aspecto más importante de la política criminal” (, La política criminal es preciso analizarla teniendo en cuenta sus diferentes aristas, de la misma manera que se ocupa de las distintas versiones del fenómeno criminal, debe entonces procurar atender los diversos momentos que lo conforman, los que se analizarán desde un punto de vista teórico y metodológico. Password. la ejecución de sanciones, en general, se refiere al cumplimiento de todos los tipos de penas, como son las de prisión, arresto, multa, inahibilitación, decomiso, confinamiento, prohibición de ir al lugar determinado, confiscación, amonestación, apercibimiento, caución de no ofender, suspensión o privación de derechos y otras medidas que se … Identificada la postura conceptual integradora que defendemos de la política criminal, así como los principales campos en los que se desarrolla, permite responder a la interrogante de cómo se han implementado los campos legislativo, policial, judicial y ejecutivo desde el punto de vista político criminal en los últimos años en Cuba y cuáles son los retos y perspectivas futuras. SANTO DOMINGO. Una gran parte de la doctrina le asume dos funciones principales, la preventiva y otra de investigación. Los principios limitativos del derecho de castigar. Si bien esto implicó y aún implica un reto para la administración de justicia en Cuba, pues denota la incorporación de un nuevo procedimiento a la esfera de actuación del Tribunal Municipal que hasta entonces llevaba a cabo un proceso menos complejo, en comparación con el desplegado en la instancia provincial, y por consiguiente una reestructuración de la fuerza de trabajo y de la capacitación y preparación profesional para afrontar nuevos conflictos que no formaban parte de la práctica judicial de base; fue esta, otra decisión político criminal tomada sobre una necesidad real y práctica. La Ley de Procedimiento Penal actual fue objeto de modificaciones, entre las que resaltan en el año 1985, con el Decreto-Ley No. «Este será un año legislativo dedicado a la aprobación de Leyes para el pueblo», señaló el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este lunes . En Las Ciencias Penales y Criminológicas frente al espejo del tiempo. Cuba como parte de la comunidad internacional también ha procurado diversificar la respuesta punitiva del Estado con una mayor incorporación de las penas alternativas a la privación de libertad en su legislación. De este modo vemos como constituye una decisión de Política penal que posibilita la aplicación de la justicia de manera más racional. Recuperado de http://web.derecho.uchile.cl/cej/rej12/BINDER%20_8_.pdf. La confusión terminológica en torno al concepto de política criminal y el entendimiento de sectores separados en la doctrina en cuanto al alcance estricto o amplio de la misma, tiene su base en la no identificación y diferenciación de la política social, la política criminal y la política penal de un Estado; elementos que no se pueden identificar de manera aislada pues conforman las partes de un todo. Este ejemplo evidencia como en Cuba la política criminal se vuelca además hacia otras instancias del sistema de justicia penal, en este caso el judicial y desempeña una función de guía y termómetro de la necesidad y realidad social ante la respuesta penal. Asumen de manera acertada a la política criminal como una de las políticas que desarrolla el Estado, pero la ciñen al mejoramiento de la legislación penal, aunque sería válido entender por “criterios que deben tomarse en cuenta a la hora de tomar decisiones en el ámbito del Derecho Penal” a otros sectores del sistema de justicia penal, quedando aun restringido su ámbito de actuación al no contener este los componentes o agencias que actúan fuera del control social formal y que dentro del control social informal dirigen también su actuación hacia el combate de las conductas antisociales y/o delictivas. 28 de julio de 2004) capÍtulo viii substituciÓn de sanciones (reformado, p.o. Edición Ordinaria. En esta etapa se encuentra la propia disposición normativa de aquellas conductas que deben ser susceptibles de pena, así como, la consecuente modelación de todo el aparato ejecutivo de dicha disposición normativa, dígase en otras palabras, la modelación de un Derecho tanto sustantivo como adjetivo y su consecuente instrumentación a partir del diseño de las instituciones que hacen posible su realización. Cuba. 28 de julio de 2004) artÍculo 81.- 6 de 10 de junio. La concepción que se tenga de la política criminal ya sea en un sentido amplio o estricto permite comprender su naturaleza y contenido totalizador e integral. Palabras clave: política criminal, control social, criminología, derecho penal, sistema de justicia penal. El diseño e implementación de una política criminal acorde con las condiciones políticas, económicas, sociales, históricas, culturales del Estado donde se desarrolle, constituyen premisas necesarias de análisis al abordar esta temática. Valencia: Tirant lo Blanch. Es la regla general en el derecho administrativo sancionador, puesto que conforme a la normativa básica estatal la sanción es ejecutiva cuando . VI, cap. En dependencia de las facultades que el Estado delegue en esta organización, la policía cumplirá diversos roles en la sociedad. Sin embargo, aún y cuando se defiende esta postura, se empleará el término política criminal y criminológica indistintamente siempre respetando los criterios de los autores en cuanto al empleo del término. (Bolaños, 2005, 6) Una política criminal o criminológica que atienda el “antes” del fenómeno criminal, sería aquella dirigida a poner en práctica políticas preventivas de naturaleza social, dígase toda la actividad desarrollada a través de las agencias informales de control social como la escuela, la familia, la comunidad y demás, donde se potencie el acceso a la información, programas de empleo, de integración comunitaria, de seguridad social, dirigida fundamentalmente a desarrollar un trabajo proactivo ex ante de la comisión de delitos. El maximalismo penal como nueva corriente criminológica, ha desplegado fundamentalmente por dos razones; por la utilización desmedida del Derecho penal ante la imposibilidad de encontrar nuevas alternativas de solución ante conflictos que violen o laceren las relaciones sociales, lo que ha implicado que el ordenamiento jurídico se apoye fundamentalmente en el Derecho penal, permitiendo que entre a jugar su rol represivo cuando este es considerado en un Estado Social y Democrático de Derecho como una instancia de última ratio. La Política penal abarcará la política a seguir en torno al funcionamiento del orden penal en sus diferentes aristas tomando como base las características y necesidades del contexto en donde se aplica, así como los fundamentos que la legalidad le impone como barrera infranqueable a la arbitrariedad. Es más, lo que se debe afirmar es que el poder penal sin Política Criminal no ha tenido existencia histórica, es una pura abstracción o una forma de análisis útil para enfrentarse a los dilemas de un caso pero totalmente artificial e inútil para el análisis Político-criminal (Binder, 2010, 218). Recuperado de http://www.revistaderechopublico.uchile.cl/index.php/RDPU/article/.../37317. O conceito que temos da política criminal em qualquer sentido amplo ou estreito pode entender sua natureza e conteúdo holística e abrangente. Profesora Titular del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Cuba. Así como obviar los parámetros que deben tenerse en cuenta para poder incorporar dentro de esta materia un bien considerado jurídico-penal (Gálvez, 2015, 13). Diccionario de la lengua española. Recuperado de http://www.inacipe.gob.mx/stories/investigacion/descargas/CAP%C3%8DT ULO%2016%20Derecho%20de%20ejecuci%C3%B3n%20de%20la%20pe na.pdf, Gálvez Puebla, I. Social Policy in the Twenty Century (2º ed.). En la experiencia cubana la fase correspondiente a la recopilación de todos los elementos de prueba necesarios para la exigencia de responsabilidad penal a los infractores de la ley, tiene como protagonistas a la policía y la instrucción penal. Y en el fondo estamos contemplando la política criminal desde el marco de lo político: más el aspecto político que el aspecto criminal. Profesora Instructora del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Cuba. Para el sociólogo Oscar René Vargas, las sanciones son porque el Ministerio Público es una «institución que ha levantado acusaciones falsas contra la población», sanción similar a las impuestas a la Policía por ser cómplices en actos de represión. Durante el desarrollo del proceso selectivo el Tribunal de Selección Se es conteste con Rodríguez Manzanera en la utilización del término Política criminológica, pues la política que se sigue es anti-criminal, si se tiene en cuenta que sus fundamentos y postulados tienen su base en los saberes criminológicos y están dirigidos a combatir y prevenir la criminalidad. Importante resulta el control que como mecanismo coactivo debe tener el órgano policial como componente del sistema de justicia penal. autora: dra. Decreto-Ley 87 (1985). Las dos primeras vienen a desarrollar principalmente la función preventiva del actuar policial y la tercera, se relaciona de forma directa con el Proceso Penal, tiene el cometido de la elucidación de las diferentes conductas delictivas y así coadyuvar a la solución definitiva en el proceso judicial. Decreto-Ley 310 (2013). Entender desde una concepción amplia a la política criminal o criminológica supone partir del análisis de la dinámica social desde una visión aún más totalizadora; y crearla a partir de su inserción en la política general del Estado; se debe perseguir justicia y desarrollo desde un enfoque prevencionista que logre una correlación entre la Política criminológica con las necesidades políticas, sociales y económicas a nivel nacional; aunque sin dudas cuando no resulte la aplicación de las técnicas de prevención se utilizará la represión. Al ser el Estado el encargado de organizar, coordinar y disciplinar la vida en sociedad de manera que los conflictos y tensiones sociales se sobrelleven en los niveles de tolerancia, debe hacerse valer para alcanzar dicho objetivo, de mecanismos coercitivos y coactivos, entre ellos el ius puniendi o derecho de castigar. La participación de los operadores del sistema de información también reviste importancia puesto que sus observaciones relativas a las actividades de introducción y almacenamiento de datos pueden hacer surgir sugerencias para mejorar el formato de los formularios fuente y su compilación por parte de los recopiladores de datos. La búsqueda de salidas alternativas al proceso penal, mecanismos de mediación, conciliación y oportunidad reglada, hoy son más que proyectos, son soluciones incorporadas en algunas legislaciones que a su vez permiten otra valoración en la aplicación y ejecución de la pena.  Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons. (trad.). Si adecuamos dicho concepto al tema que nos ocupa, que no es más que el fenómeno criminal, podemos decir que la política o la gestión que desempeña el Estado sobre el fenómeno delictivo con el objetivo de prevenir y combatir a modo de reacción, dicho fenómeno de manera que sea posible la vida en sociedad, puede ser entendida como Política Criminal. Uma análise dos domínios de acção ao qual a política criminal, que vai desde o conceito de norma substantiva e processual à forma como esta disposição é executado, com um olhar para a experiência cubana está se preparando para ser o centro das atenções crucial para esta investigação. En el contexto cubano, las Disposiciones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo, juegan un papel esencial como mecanismo transmisor e informador de la Política penal. A concepção e implementação de política criminal compatível com o estado político, económico, social, histórica, cultural onde se desenvolve, constituem premissas análises necessárias para resolver esta questão. En el ámbito procesal penal en la década del 70 se producen importantes reformas procesales en Cuba con la Ley de Procedimiento Penal No. Se es conteste con Rodríguez Manzanera en la utilización del término Política criminológica, pues la política que se sigue es anti-criminal, si se tiene en cuenta que sus fundamentos y postulados tienen su base en los saberes criminológicos y están dirigidos a combatir y prevenir la criminalidad. El Tribunal Económico Administrativo Central, en su Resolución de 24 de abril de 2019 (81/2017), resuelve en alzada si es válida una providencia de apremio dictada y notificada antes de la interposición de una reclamación económico-administrativa extemporánea contra el acuerdo de imposición de una sanción apremiada. Gaceta Oficial Extraordinaria No. (…) la adecuación de las normas jurídicas ideales a una realidad viva, con miras a una lucha eficiente contra el delito, constituye el papel de la política criminal (Apud, En la misma línea de pensamiento autores como Sergio Politoff, J. Pierre Matus y Marís Cecilia Ramírez arguyen “(…) así como hay políticas de salud pública, ambientales, de transporte, de educación, hay también políticas del Estado para mejorar la legislación penal y para elaborar criterios que deben tomarse en cuenta a la hora de tomar decisiones en el ámbito del Derecho Penal (…)” (, Si atendemos a un concepto más amplio de la política criminal, como forma de la política general que se dedica al estudio del fenómeno criminal contemplado desde la problemática social que preocupa al poder público, entonces el contenido de la disciplina adquiere, de igual forma, una mayor extensión. Fundamento destacado: 2.5 En ese sentido, queda claro que resulta factible la realización del acto de notificación de una sanción disciplinaria (y, por ende, su ejecución) a un servidor que se encuentra con suspensión imperfecta o perfecta de labores (por ejemplo, cuando esté haciendo uso de su descanso vacacional, descanso médico, de una licencia con o sin goce de haber). 29.2; LJCA, tít. 175 de 1997, introdujo nuevas figuras relacionadas con la economía, la responsabilidad penal de las personas jurídicas; agravó los marcos sancionadores de algunas de las ya existentes así como la incorporación de otras como el Proxenetismo, Trata de Personas, Tráfico de Influencias; sin embargo, una de las ventajas de esta legislación fue que amplió hasta cinco años la posibilidad de aplicar las sanciones subsidiarias de la pena privativa de libertad, así como la introducción de la sanción administrativa con la añadidura del apartado tres del artículo ocho del Código Penal cubano; se crea la Ley No. Roxin, C. (1972). Su ejecución no es posible . Si no se cumple el fallo dentro de las 48 horas siguientes, el juez ordenará abrir un proceso contra el superior que no hubiera procedido conforme a la decisión de tutela y adoptará directamente las medidas para su cumplimiento. Estas disposiciones son de gran importancia en la administración de justicia cubana, y a criterio de Mendoza Díaz por ese carácter vinculante, la trascendencia de sus pronunciamientos y la pronta respuesta ante los reclamos de la praxis, constituyen fuente subsidiaria del Derecho Procesal cubano. (Mendoza, 2014, 94). de Euskadi por sector de ejecución según ocupación y sexo. Degnis Merlo. Autores como Bolaños González estima como etapas de la Política Criminal el “antes”, el “durante” y el “después” en relación a la comisión de un hecho delictivo como momentos hacia los cuales debe orientarse la política criminal. En la ejecución de la pena y medidas de seguridad, así como en la aplicación del régimen disciplinario, se garantizará el derecho a la defensa. Gaceta Oficial Extraordinaria No. Carranza aboga por: (…) establecer una política penológica que priorice las sanciones y medidas no privativas de libertad y proactivas, tales como trabajo en la comunidad, reparación a la víctima, reconocimiento del hecho y perdón del ofendido, entre otras, de manera que se destine la pena de prisión sólo para los delitos de mayor gravedad, con el objeto de reducir en lo posible la respuesta violenta del sistema penal (Carranza, 1992, 9). Nuevas tendencias político-criminales y actividad jursisdiccional del Tribunal Supremo.
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