AA., Las falsedades documentales, Libro homenaje a Enrique Ruiz Vadillo, Granada: Comares, 1994, pp. 52 GARRAUD, René, DroitPénal Français, 2a ed., Larose, Paris 1899, t. III, p. 527 nota 37. 193 CP. El art. 193 describe un delito de falsedad cometido en un documento público. (considerando 15°), haciendo presente que la diferencia sustancial entre la falsificación de instrumento privado mercantil y la estafa, se da a nivel de bienes jurídicos protegidos por dichas figuras, expresando que la estafa mira a la protección de intereses patrimoniales mientras que la falsificación en comento mira a la protección de la fe pública, no obstante compartir ambas figuras un elemento común, constituido por la defraudación patrimonial con perjuicio de tercero; en contra de una concepción patrimonial de la falsedad documental, COUSIÑO, "La falsificación", cit. GUZMÁN DALBORA, José Luis, Estudios y defensas penales, 3a ed., Santiago: Legal Publishing, 2009. 28 Ley 19.545), certificados de conformidad de productos hortofrutícolas (art. 390 CP de 1995, ha servido para reforzar este movimiento argumentativo (vid. El art. Pero, gramaticalmente, el verbo rector no se encuentra inserto en cada numeral del art. 483 del CP italiano y art. ), Studi in onore di Edoardo Volterra, vol. Sin embargo, el modelo de comprensión previamente analizado (supra 2. sobre el punto en la doctrina española, MARTÍNEZ-PEREDA, José Manuel, "Las falsedades en documentos oficiales", en: VV. (considerandos 3° a 5°); SCS, "Contra Luis Álvarez Figueroa y otro", casación en la forma y en el fond o, resolución de 23/06/1976, RDJGT, t. LXXIII, año 1976, enero - diciembre de 1976, pp. Por la simple razón de que intenta esclarecer el injusto del delito siguiendo el método que la dogmática habitualmente aplica en la parte especial, cual es, a partir de una tesis sobre el bien jurídico protegido. En el polo opuesto se ubica la hipótesis de falsedad cometida por un particular en un documento privado. Ya que la norma del art. En esta parte no hace plena fe sino contra los declarantes. Este modelo de comprensión se encuentra inmerso en una serie de dicotomías, que le impide a la doctrina y jurisprudencia ver el injusto propio de los delitos descritos en dichos artículos del Código penal. El 12 de abril de 2001 se dictó por la CONADI una resolución que da por acreditada su calidad de cónyuge de A.O.V., a la cual se atribuye haber sido su conviviente por más de 15 años. nota n° 6, p. 79; ETCHEBERRY, Derecho penal, cit. Actas de las sesiones de la Comisión Redactora del Código penal chileno, Santiago: Imprenta de la República de Jacinto Nuñez, 1873, edición facsímil, Santiago, 2013. La razón de esta exclusión contra legem radicaría en que el particular, por regla general, no tiene el deber de decir verdad. 562-563; VARGAS, Tatiana, La falsificación de instrumento privado, Un estudio práctico entre la falsificación y la estafa, Santiago: Thomson Reuters, 2013, pp. concepto teorías de la interpretación jurídica comenzado en martes, de junio de 2021, ... Recuerda que la teoría de Interpretación Jurídica Objetiva explica que hay que encontrar la Voluntad de la ley, ... Escéptica, Intermedia, F ormalismo y Realismo son teorías de Interpretación. Pero de lo que el fallador prescinde es de que, en la misma cita que hace del autor antes mencionado éste advierte que, 'si a través de una declaración mentirosa consignada en un documento público se crea una falsa apariencia, se engaña y se perjudica, el hecho será característicamente una estafa' (Etcheberry, Derecho Penal Parte Especial, Santiago, 1998, tomo IV, página 168). Le resultaría tan natural, porque fluye de un modelo determinado de comprensión de los artículos 193, 194 y 197 del Código penal, que opera casi por inercia. Ambos injustos del delito de falsedad en documento público pueden ser cometidos por el funcionario. (revisión de la doctrina jurisprudencial)", en: VV. En ese sentido, este análisis parte de la premisa que dicho bien jurídico radica en el valor probatorio del documento y luego, en base a una interpretación sistemática del art. El art. 193 CP. Cuando la doctrina española, no obstante, recurre al status especial contemplado en el art. ROXIN, Claus, Tüterschaft und Tatherrschaft, 8a ed., Berlin: De Gruyter, 2006. 7 núm. En este sentido, en la doctrina española, Fernández propone dos criterios para admitir el documento oficial como público. nota n° 9, p. 108 (nota 63). Dicha verdad es correlativa a un deber positivo de veracidad, ergo, el injusto de este delito puede realizarse, primero, mediante la infracción del deber negativo relativo a la autenticidad del documento público y, segundo, mediante la infracción del deber positivo relativo a la verdad del mismo documento. 9 y ss. CARRARA, Francesco, Programa de Derecho criminal, PE vol. 193 es indistinta, porque el texto del art. nota n° 5, p. 168; POLITOFF/MATUS/RAMÍREZ, Lecciones de Derecho penal, cit. Se trata entonces de la protección de la eficacia de estos símbolos materiales autentificados, esto es, que los efectos jurídicos atribuidos por la ley a estos objetos, efectivamente se produzcan, puesto que de este modo se posibilita que el tráfico jurídico funcione.25. 260 CP (considerandos 4° a 7°); recientemente, SCS, Rol N. 2321-07, "Contra Cruz Lorenzen y otros", casación en el fondo, resolución de 19/05/2008, se remitió al art. Sentido y fin del análisis precedente radica simplemente en restituir su dignidad a cada una de estas normas del Código penal. En palabras del propio Etcheberry, que por su influencia, evidenciada en el fallo de la Excma. 194 CP, sin caer irremediablemente en un argumento circular: la asimilación de la tipicidad de la conducta establecida en el artículo 193 y en el artículo 194 CP es incorrecta, porque la ley penal del art. En cambio, como la declaración emitida por el particular carece de valor probatorio, entonces su mentira, la declaración falsa del particular vertida en el documento público no podría constituir el injusto del mismo delito. 162-164, casos de falsedad ideológica: números 2, 3 y 4 del art. Esta lectura puede considerarse más o menos razonable, incluso puede tratarse de fundamentarla en la teoría del bien jurídico. Pero, frente a la pregunta, ¿en qué se basa el valor probatorio de la declaración emitida por el funcionario público, del cual no se encuentra dotada la declaración emitida por el particular?, la argumentación se torna nuevamente circular: el valor probatorio de la declaración emitida por el funcionario público surge del deber que éste tiene a decir la verdad y la ausencia de tal valor en la declaración emitida por el particular es consecuencia de que éste no tiene deber de decir la verdad. 154-157; cinco (5) páginas en GARRIDO, Derecho penal, cit. Trata de comprender los fenómenos para luego interpretarlos mediante la dialéctica o el análisis. Por una parte, un delito común de falsedad material cometida en un documento público o auténtico. Porque en la parte en que se describen las modalidades de comisión, utilizando el texto legal la forma gramatical del gerundio, la doctrina y jurisprudencia sustituyen esta forma por la del infinitivo, así, por ejemplo, N. 2 del art. Estos dos criterios coinciden con los elementos característicos de un documento administrativo,47 según la definición del art. Respecto de esta clase de declaraciones, solamente puede constatarse si se ha manifestado o no se ha manifestado una voluntad.68, A continuación, Grisolía, en una interpretación sistemática del art. Dicho de otro modo: "la 'verdad' de los documentos privados es lo que garantizan, es decir, se reduce a su autenticidad".89 La autenticidad del documento puede ser afectada de la misma manera en un documento público y en un documento privado, "se trata siempre de una falsedad material", que, entonces, puede realizarse tanto respecto de documentos públicos, caso en el cual se atacaría a la fe pública, como respecto de documentos privados, en cuyo caso se afectaría a los "medios de prueba".90 En virtud de estas consideraciones, este autor propone una nueva sistematización de los delitos de falsedad documental. A esta crítica subyace una tesis: los artículos 193, 194 y 197 CP establecen un sistema de normas. 193 no establece un delito de falsedad en documento público, sino que, en el fondo, un delito funcionario. 57 QUINTANO RIPOLLÉS, La falsedad documental, cit. 193 N. 2 y N. 3 CP, es leído como si describiera la conducta típica en la forma gramatical del infinitivo -"suponer" o "atribuir". nota n° 6, pp. Según este modelo, la falsedad ideológica cometida por el particular en un documento público sólo puede sancionarse cuando otra ley penal distinta del artículo 194 CP obliga al particular a decir la verdad. nota n° 28, pp. infra 3.). De los conflictos que se presenten entre los copropietarios o tenedores del edificio o conjunto o entre ellos y el administrador, el consejo de administración, o cualquier otro órgano de dirección o control de la persona jurídica, en razón de la aplicación o de la interpretación de la ley y del reglamento de propiedad horizontal. Este criterio externo al documento lo encuentra la doctrina en la distinta clase de efectos que éste produce o en la diferente eficacia jurídica de la cual está dotado. El injusto del delito proviene de la falsedad cometida en un documento privado o mercantil, en la medida en que el documento como tal sea relevante por tratarse precisamente de un documento. 260, sin embargo, dicha jurisprudencia lleva a entender que es relevante, pero no suficiente el ejercicio de funciones públicas para ser comprendido dentro del concepto de empleado público a que alude el art. Donde constituye un aporte, la propuesta revela al mismo tiempo su límite. 109 y ss. 197 CP, no obstante que su texto remite también a cualquiera de las falsedades designadas en el art. De ahí que Etcheberry identifique como bien jurídico, en lugar de la confianza general, los efectos jurídicos de obligatoriedad general que la ley asigna a los objetos materiales indicados en el título IV, entre los cuales se incluye la moneda, ciertos valores mobiliarios y los documentos públicos.24 Para determinar cuáles objetos se encuentran dotados de estos efectos atribuidos por la ley, la autoridad se vale de signos o símbolos materiales autentificados. 39, 2° semestre (2012), pp. nota n° 5, pp. ), se reproducen textualmente: "Ellos consisten, en general, en mentir en un documento. nota n° 9, p. 131. 194 CP permanece en la obscuridad. Página 1 de 3. ETCHEBERRY, Alfredo, "El objeto jurídico en los delitos de falsedad documental", Revista de Ciencias Penales, 3a época, N. 2, t. XX (1961), pp. ____________ , "Falsedad documental como delito de engaño", Revista Chilena de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile (2014, en prensa). 197 CP, ésta se cometería en perjuicio del patrimonio de otro. Esta legislación penal antepone, por una parte, el concepto de fe pública y, por otra, alude en el art. * Este artículo ha sido escrito en el marco del proyecto Fondecyt N. 1110512: "Falsedades documentales: entre autenticidad y verdad. 1 Sentencia de la Cortes Suprema (SCS), 6 de junio de 2005, Rol N. 253-03 (considerando 3°). 532 y ss. 24 ETCHEBERRY, "El objeto jurídico", cit. 197 CP describe textualmente un delito de falsedad cometido por cualquiera en un documento privado o mercantil. 71 GRISOLÍA, "Nota", cit. AbeledoPerrot/Legal publishing, 2011. ECHANO BASALDÚA, Juan, "¿Falsedad ideológica de particular en escritura pública? 194 CP a hipótesis de falsedad ideológica cometidas por un particular en un documento público. La doctrina nacional menciona dos excepciones: el art. Este artículo da cuenta, apoyados en la teoría general del derecho, de los fundamentos teóricos, conceptuales y epistemológicos de la interpretación jurídica. 423 y ss. (considerandos 5° y 6°); SCS, "Contra José Hernán García Massry", casación en el fondo, resolución de 26/01/1972, RDJGT, t. LXIX, año 1972, Enero-Abril, N°1-2, pp. 29 VILLACAMPA ESTIARTE, La falsedad documental, cit. ETCHEBERRY, "El objeto material", cit. •Diseña los métodos de interpretación jurídica. 11 FILANGIERI, Gaetano, Ciencia de la legislación, Madrid: Imprenta de Nuñez,1813, p. 151 y s. 12 CARRARA, Francesco, Programa de Derecho criminal, PE vol. No se trata del deber de decir verdad, sino del deber de no perjudicar la prueba de determinados hechos".91 De este grupo se distingue un "delito especial de funcionarios, que afectaría directamente a la fe pública y que sería, en principio, un delito de falsedad ideológica". 193 CP. 556 y ss. En este sentido, Etcheberry reconoce que doctrinariamente tal clase de documentos tiene una relevancia jurídica que trasciende la repercusión patrimonial privada, pues los documentos mercantiles tienen un valor económico representado por su expendibilidad y aptitud circulatoria, "que puede resultar lesionado [nótese: el valor del documento] aun antes de que se haya producido un efectivo daño patrimonial por el fracaso de su finalidad cancelatoria". En resumen, este modelo de comprensión fracciona el sistema de normas de los artículos 193, 194 y 197 CP. La respuesta a la pregunta por la configuración de este delito dependía, según dicha doctrina y jurisprudencia, de la concurrencia del elemento material y del elemento moral, extraídos del concepto de crimen falsi desarrollado por la doctrina italiana medieval tardía. Interpretar el Derechos es buscar el sentido y alcance directivo que tienen las normas jurídicas. Pero, ¿qué ley es aquella que impone a los empleados públicos tal deber y no a los particulares? art. La primera es la asociación de la fe pública a la noción de orden público, que determina el carácter eminentemente colectivo del interés jurídicamente protegido. Se trata de una cesura conceptual que es reflejo de la primera dicotomía a nivel de bienes jurídicos protegidos (supra 2.1.) 193 CP, en "falsificación física" y "falsedad ideológica". Corte Suprema anula el fallo de apelación, con la siguiente fundamentación que, en un solo considerando, resume los elementos principales que constituyen el modelo dominante de comprensión de los delitos de falsedad: "Que está en lo correcto la sentencia atacada cuando, siguiendo a Etcheberry, afirma que la falsedad ideológica cometida por un particular no es punible, salvo los casos más bien raros en los cuales la ley impone también a éste una obligación de decir verdad, porque en cualquier otra situación sus mentiras no afectan a la fe pública, ya que nadie está obligado a tener por verdaderas las afirmaciones que hace. Según esta argumentación, la norma del art. 451, 562-563; en la jurisprudencia, la fórmula que se ha impuesto entiende que hay un concurso aparente de leyes entre falsificación de instrumento privado y estafa, que se resuelve por principio de especialidad, así SCS, "Contra Luis Urquieta Núñez", recurso de casación en el fondo, resolución de 4/08/1952, RDJGT, t. XLIX, Julio y Agosto de 1952, N° 5 y 6, 2a parte, sección 4a, pp. 392 CP: 1. 390 CP español en base a la teoría de las funciones.80 Respecto de la modalidad 3a de este tipo, cuando es cometida por particulares, recuerda que "los particulares no pueden nunca, por principio, emitir documentos públicos u oficiales, porque no están investidos de fe pública ni son depositarios de la función certificadora del Estado", por lo que cuestiona que esta modalidad diga relación con la función probatoria del documento. De Palma, 1998, pp. 59 de la Ley 18.840, orgánica constitucional del Banco Central.97 Sin embargo, la excepción del art. 193 al empleado público y cuya inexistencia impida la aplicación de la ley penal del art. 390.82 No obstante, el art. marg. Rodríguez, Pablo - Teoría de La Interpretación Jurídica by juan0david0montoya-4. Cuarta dicotomía: delito especial / delito común - autoría y participación. Esta misma técnica de legislación penal presupone un sistema de normas. 6 ETCHEBERRY, Derecho penal, cit. Se trataría de un delito común, por lo que cualquiera puede realizarlo. Esta regla básica diferencia el valor probatorio del documento público, primero, según la clase de declaración de que se trata y, segundo, según aquello sobre el cual ésta recae. 106 QUINTANO RIPOLLÉS, La falsedad documental, cit. El ejercicio propuesto de re-lectura del texto de la ley penal conduce a la identificación de una prohibición común a los artículos 193, 194 y 197 CP. La remisión del art. 563-564. 392 CP. Resulta lógica, porque solamente respecto de las declaraciones de ciencia puede emitirse un juicio de verdad o de falsedad, según si la representación por medio de los sentidos se encuentra en correspondencia o no con lo percibido. sobre esta distinción JAKOBS, Günther, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2a ed., Berlin/New York: De Gruyter, 1993, Apdo. 194 no establece un deber de decir verdad, cuya infracción pueda constituir el injusto del delito. El texto del art. 392, y que, según la doctrina, se superponen con la descrita en el numeral 4°, por tratarse de "variedades" de falsedad ideológica.98Se trataría de las modalidades descritas en el numeral 2° ("simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad") y en el numeral 3°, que reúne en un mismo texto las modalidades descritas en el N. 2 y N. 3 del art. 194 consistiría en que el particular, por regla general, no tiene un deber de decir verdad. 563-564; recientemente, HERNÁNDEZ, Héctor, en: HERNÁNDEZ, Hector; COUSO, Jaime (dirs. Detrás de este razonamiento parece esconderse inconscientemente la decimonónica cláusula de relevancia jurídica introducida en 1851 por el legislador prusiano al párrafo 2° del § 247 del Código penal, que buscaba distinguir documentos de meros escritos.49 La relevancia jurídica de un documento puede ser menor o mayor, por ende, se trata de un criterio gradual y cuantitativo. había "acreditado poseer la calidad de indígena perteneciente a la etnia Aymará, en conformidad con la letra b) del artículo 2° de la Ley 19.253, sobre protección, fomento y desarrollo de los Indígenas". En clave moderna, tipifican delitos de falsedad documental. La consecuencia en este nivel de análisis es la irrelevancia del documento como tal, éste no es portador de un interés jurídico por sí mismo digno de protección. El origen de la tesis de la fe pública para la 0ustificación del castigo de la falsedad documental no se remonta al Derecho romano.10 Su origen es más bien moderno y se encuentra indisolublemente ligado al nombre de Gaetano Filangieri: "Los delitos contra la fe pública forman un apéndice de los delitos contra el orden público. Así, el significado injusto de la falsedad material proviene de la infracción de un deber de no alterar la autenticidad de un documento, público o privado. El hecho de que nazca un documento público falso por sí mismo no sería determinante. 392 CP español. GARRAUD, René, Droit Pénal Français, t. III, 2a ed., Paris: Larose, 1899. nota n° 67, p. 97 (destacado agregado). De esta manera se relevan los dos criterios que deben concurrir para aceptar un documento oficial como público, cuales son, que emane de un ente de carácter oficial y que contenga una disposición o declaración que afecte el servicio o la función pública. Según esta solución, la falsedad ideológica del particular como tal no es punible. ; VILLACAMPA ESTIARTE, La falsedad documental, cit. •Hermenéutica jurídica: Rama de la ciencia del derecho que tiene por objeto la interpretación del lenguaje y de los textos jurídicos. 193 CP, advierte que "parecería que la tipicidad de la falsificación de documento público es la misma cuando el sujeto activo es un empleado público que cuando es un particular". Oxford, Oxford University Press, 1994, pp. El injusto de este delito se realizaría recién cuando se provoca un perjuicio patrimonial a otro. 1429 LEC), es considerado como un criterio de dicha equiparación valorativa para efectos penales.44 Otro criterio refiere a aquellos documentos emitidos en cumplimiento de obligaciones específicas de determinados sujetos en el ámbito mercantil, por ejemplo, en las actas confeccionadas de juntas de accionistas, en la medida en que gozan de fe para ese concreto cometido y los secretarios funcionan como una "suerte de fedatarios privados normativamente cualificados".45 De este modo, sería posible distinguir documentos mercantiles dotados de "una mayor eficacia jurídica", ya sea por el valor ejecutivo asignado legalmente o porque surgen del cumplimiento de obligaciones específicas "que funcionalmente los acerque a los documentos emitidos por ciertos funcionarios públicos documentadores", cuya falsificación, en consecuencia, tendría un mayor contenido de injusto en comparación a la de otros documentos que, en fin, habrían de considerarse meramente privados, como por ejemplo, contratos mercantiles, facturas, recibos, libros.46. En este sentido, se aclara que "esta forma de ejecución de la acción falsaria sólo tiene sentido en el marco del cumplimiento de una determinada función administrativa" y que "el marco donde se sitúa la actuación del sujeto viene caracterizada por el incumplimiento de la obligación de dar constancia fehaciente de ciertas situaciones, omitiendo precisamente su existencia".100 "Pesa sobre él el deber de evitar una constatación falsa documental que es la que fundamenta su posición de garante y nos permite exigirle la correspondiente responsabilidad por delito de falsedad documental".101 Este razonamiento se volvería relevante para la solución de hipótesis de pluralidad de intervinientes en la realización del delito, por ejemplo, A, que es Notario, falsifica junto a B, que es particular, en eventual coautoría un testamento en lugar del causahabiente y en favor de un testaferro de B. Para solucionar esta hipótesis, la doctrina española constata que el tipo del art. Pero, esta norma no prohíbe provocar un perjuicio patrimonial a otro mediante la falsificación de un instrumento privado. 392 aplicable al particular que comete falsedad, cuando se trata de hipótesis de "falsedad ideológica", esta lectura convierte, contra legem, en esa parte un delito común en un delito especial. El art. Luego, Grisolía reconoce a las demás declaraciones de ciencia y las declaraciones de voluntad un cierto grado "(con matices progresivos)" de eficacia probatoria, la que reposa ya no en una certeza jurídica de verdad, sino que en una presunción de sinceridad o de verdad, que como tal admite su desconocimiento por simple prueba en contrario.69 Esta interpretación sería coherente con el bien jurídico protegido por la norma, el cual radicaría en "el valor probatorio del documento, su integridad y pureza que dependen no sólo de su existencia jurídica como tal y de su genuinidad, sino también de su veracidad en los extremos en que la ley ofrece la certeza de su verdad (...)".70 Este análisis permite delimitar con mayor precisión las modalidades de falsedad ideológica descritas en los números 2, 3, 4 y 7 del art. Respecto de los documentos públicos también se protege normativamente su autenticidad. 185 - 187; sobre esta clase de documento en la doctrina nacional crítico GUZMÁN DALBORA, José Luis, Estudios y defensas penales, 3a ed., Santiago 2009, p. 514 y s. 58 QUINTANO RIPOLLÉS, La falsedad documental, cit. El denominador común de este sistema es la descripción de delitos de falsedad documental. Sin embargo, que un documento tenga menor eficacia jurídica, porque, por ejemplo, contiene una compraventa mercantil de la cual surgen solamente derechos y obligaciones para las partes, no significa que no tenga ninguna eficacia jurídica. I. Concepto y justificación de la Democracia Paritaria en la teoría feminista. El art. Tampoco se castiga al funcionario público simplemente por emitir una declaración mentirosa. Pero, así comprendido el criterio, implicaría que la escritura pública de compraventa de un bien raíz no sería un documento público, puesto que de ésta nacen derechos y obligaciones solamente para las partes. 527-558. 194 CP, pueden ser cometidos por el particular. 84 VILLACAMPA ESTIARTE, La falsedad documental, cit. nota n° 5, p. 177; GARRIDO, Derecho penal, cit. Pero, también puede ser invitada a leer el texto de la ley penal sin los anteojos del modelo dominante de comprensión y así volver a ver, tal como lo hizo el legislador penal originario, en el texto de la ley aquello que expresamente contempla: delitos de falsedad documental.
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